El Registro Oficial de fecha 2 de febrero de 2026 publica el Decreto Ejecutivo 298, que contiene el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos.

Este cuerpo normativo adopta un enfoque plenamente alineado con los estándares del GAFI y fortalece el sistema nacional de prevención mediante un modelo basado en riesgos, una coordinación interinstitucional más robusta y un régimen sancionatorio más riguroso para los sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.

El Reglamento endurece las obligaciones de debida diligencia aplicables a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), extiende los controles a sus familiares y a personas de su entorno cercano, y refuerza las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento. Asimismo, faculta a la UAFE a ordenar la inmovilización administrativa temporal de fondos por hasta 72 horas, sujeta al respectivo control judicial. El texto consolida un enfoque preventivo que exige, además del reporte de operaciones sospechosas, la demostración de análisis razonables, la ejecución de un monitoreo permanente y una gestión adecuada de los riesgos, con especial énfasis en la identificación del beneficiario final.

La implementación se desarrollará de forma progresiva y dependerá de la emisión de normativa secundaria, guías técnicas y actualizaciones tecnológicas por parte de la UAFE, el SRI y las entidades de control sectoriales, previstas para los próximos 30, 60 y 90 días. Recomendamos que los sujetos obligados inicien procesos de diagnóstico, actualicen sus manuales y fortalezcan sus sistemas de cumplimiento para mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales. A su vez, el SRI deberá actualizar la normativa relativa al registro de beneficiarios finales.

Quedamos a su disposición para acompañar en el diagnóstico de impacto, capacitación e implementación de esta normativa de particular importancia.

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